Hoy, 7 de abril de 2020, conocemos una nueva resolución de la comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, relativa al proceso de adjudicación de capacidad de operación a los candidatos presentados por la próxima apertura del mercado de transporte de viajeros por ferrocarril en España.

En esta resolución, se limita a 5 años el contrato de capacidad entre ADIF y RENFE para la operación ferroviaria, previamente establecido en 10. Esto supone una clara discriminación frente al resto de competidores, más aún teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos por esta Comisión.

Como Justificación, se utiliza la amortización de inmovilizado disponible por la operadora para estimar el riesgo financiero que asume la entidad pública, entre otros parámetros, pero se basa fundamentalmente en los costes de entrada en base a la compra de material por las operadoras.

Teniendo en cuenta lo anterior queda más que claro que la CNMC hace una interpretación parcial y desproporcionada de los costes asociados a la Entidad Pública, ya que ésta ha efectuado la compra de material que la propia CNMC reconoce como inmovilizado destinado a realizar los servicios donde se llevará a cabo la apertura de competencia, mientras solo tiene en cuenta el material rodante actualmente en amortización para justificar su posición.

De esta decisión se pueden desprender las intenciones de privatización de lo público que tiene como objetivo el regulador, puesto que pretende que la operadora realice un gasto no amortizable en 5 años para repartir ese material en un futuro “al mejor postor”, repitiendo la situación que se ha vivido en otros sectores, llevando al ferroviario a sufrir las consecuencias que actualmente estamos viviendo en ellos.

El momento y la motivación del regulador para la toma de decisiones como esta no puede ser más desafortunado, entendiendo que ni son proporcionales a la situación futura del mercado, ni son representativos dada la actual gobernanza del propio regulador.

Entendemos que ahora, aún más, queda refrendado que la función pública de estos servicios ferroviarios queda más que justificado, no entendiendo que los costes, financiados y asumidos por toda la sociedad, después sean regalados a futuras empresas.

A pesar de estar expectantes por conocer esta resolución, sobre todo al delegar ADIF este tipo de decisiones al regulador, cuando esta Entidad Pública en un principio era la encargada de otorgar capacidad y determinar la duración de los contratos, cambiando su postura y perjudicando claramente al sector, nunca pensábamos que fuese a llegar en un momento tan crítico como el que estamos sufriendo, observando una clara nocturnidad y alevosía.

Desde nuestra organización siempre hemos defendido un ferrocarril que de servicio a la ciudadanía y que realice una función vertebradora del territorio, no primando los intereses económicos ni políticos, sino el sentido público y la utilización y reparto de un beneficio, que actualmente se estaba generando y reinvirtiendo en la propia sociedad por una entidad pública como es RENFE.

SEMAF siempre defenderá la interpretación europea de un espacio común ferroviario, pero no con intereses particulares, sino actuando con un sentido común y beneficioso para la sociedad, carente en determinados actores presentes actualmente en la legislación española, que aprovechan situaciones como la actual para regular e intentar privatizar lo público.

Luchamos por el empleo, la profesionalidad, la formación y la seguridad.